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El pleito inmobiliario en Miami que involucra a la élite colombiana


El pleito inmobiliario en Miami que involucra a la élite colombiana 

Así luce parte de Quarzo Luxury Boutique Hotel, en el lujoso sector de Bal Harbour, donde una noche puede costar hasta 1.000 dólares. 

Un exsenador de la República, exmagistrados, un notario, constructores y hasta un polémico ganadero del Casanare aparecen en el listado de 152 de víctimas de Quarzo Boutique Hotel, un proyecto inmobiliaria en uno de los sectores más exclusivos de Miami: Bal Harbour. 

Según le han dicho a una corte de Miami Dade, tienen embolatados cerca de 50 millones de dólares que invirtieron en ese megaproyecto, cuyo promotor es Carlos Mahecha, accionista de la prestigiosa Clínica del Country de Bogotá. Y alegan que el hotel se vendió sin su consentimiento al gigante Beach House, en octubre de 2017. EL TIEMPO obtuvo la lista de inversionistas y encontró entre ellos al exsenador del Polo Luis Carlos Avellaneda; al notario 43 de Bogotá, Juan Enrique Niño Guarín; al exdirector de la Agencia de Hidrocarburos Mauricio de la Mora; al reconocido empresario Guillermo Santos Calderón; a Fabio Posada, exdecano de la Universidad El Bosque; y a Camilo Velázquez Turbay, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exaspirante a la Corte Constitucional. 

También figuran decenas de empresarios como Afsar Elahi, Martha Cecilia Grau, Carlos Kuan, Bertha Silba Robbins, Luis Armando Ardila González y Diana Saab Celly.  

Y hay un nombre adicional: Víctor Feliciano, hijo de un ganadero de Casanare asesinado en medio de enfrentamientos con paramilitares. La plata que desembolsaron se iba a emplear en la remodelación de tres viejas torres de apartamentos en Bal Harbour para convertirlas en un lujoso hotel cinco estrellas. Pero tan solo una de ellas está funcionando. Las dimensiones de las posibles pérdidas quedaron al descubierto en una cumbre de afectados, en el Club El Nogal de Bogotá. Allí se supo que hubo aportes que oscilaban entre los 120.000 dólares y los 3,5 millones de dólares. Además, ubicaron a los que llaman, inversionistas en la sombra. “No sabíamos que el señor Feliciano había inyectado dinero en el proyecto. Al parecer, él estaba presionando para que le pagaran su plata, pero a nosotros nadie nos responde”, le aseguró a este diario una de las afectadas. En algunos casos, lo único que tienen en común los inversores es la promesa de que a cambio de sus capitales iban a recibir dividendos semestrales y una participación en el negocio, lo cual nunca sucedió. 

Promotores y bancarrota “Nos parecía una inversión segura porque la promovió ni más ni menos que Carlos Mahecha, a quien conocemos por ser accionista de la prestigiosa Clínica del Country de Bogotá, a través de su firma Mahecha y Casas. A esto hay que sumarle que la tierra donde se levantó el proyecto en Miami era de la empresa promotora”, explicó otro de los inversionistas. En efecto, Mahecha armó el proyecto junto con Juan Guillermo Arcila, ambos socios de Synergy Capital Group, la empresa que ofrecía la participación en el lujoso hotel. Los inversionistas se percataron de la crisis cuando les empezaron a incumplir con el pago de los dividendos prometidos, y cuando al menos uno de ellos acudió a la corte de Miami a pedir que el megaproyecto entrara en Ley de bancarrota. “Los promotores nos pidieron que no apoyáramos la solicitud, porque tenían lista la venta del proyecto a Beach House por cerca de 100 millones de dólares, lo que iba a alcanzar para devolver el dinero a los inversores y cubrir el 43 por ciento que ellos se reservaron. Pero las cifras no dan y podemos terminar perdiendo más de un 70 por ciento de nuestra inversión”, dijo otro empresario que se declara víctima. Por su parte, Víctor Feliciano desmintió que ya le hubieran devuelto parte de su dinero. “Yo fui quien organizó la reunión de El Nogal y no es cierto que me hayan devuelto la plata. Claro que he presionado, por vías legales, para recuperarla, pero nunca con amenazas. A mi padre nunca lo condenaron por nada y no es cierto que yo esté usando su nombre”, le explicó Feliciano a este diario. El proyecto entró en el Capítulo 11, que les quitaría el control a sus promotores, permitiendo continuar con el objeto de la megaobra, para evitar pérdidas mayores. De hecho, la corte nombró a un interventor, Drew M. Dillworth, quien está encargado de revisar la evidencia, para definir si se trató de un mal negocio o si hubo malos manejos, como alegan algunos de los afectados, quienes tiene hasta el 2 de agosto para hacer sus reclamaciones. Hace algunos meses, varios de ellos se reunieron con Mahecha y con Arcila para exigirles que les respondieran, pero dicen que ya no les pasan al teléfono. EL TIEMPO buscó a Mahecha, quien delegó la respuesta del caso en una firma de abogados. Allí informaron que “el foro para hablar de esto es la corte que tiene el caso y no un medio de comunicación”. Y Arcila no respondió los mensajes de este diario. Voceros autorizados de la Clínica del Country se abstuvieron de pronunciarse, pero personas cercanas afirmaron que desconocen el caso en el que está involucrado Mahecha, miembro de su junta directiva. ‘Las obras en Bal Harbour siguen adelante’ Patricia Vélez, de la firma de abogados que representa a Carlos Mahecha, aseguró que –al contrario de lo que dicen los inversionistas– las obras de las 2 torres faltantes del proyecto están en desarrollo. “Carlos Mahecha no está vinculado como demandado en ningún proceso en Estados Unidos, pero el proyecto sí es objeto de un procedimiento de Capítulo 11”, dijo. Advirtió que las reclamaciones tienen que ser objeto de decisión de la corte de Miami. Vélez evitó referirse a los contactos que Mahecha ha hecho con los inversionistas: “No enviamos mensajes por los medios”. Y aunque dijo que Mahecha “no es accionista del Country”, EL TIEMPO corroboró que es miembro de la junta directiva y accionista de la sociedad Mahecha y Casas, que sí tiene participación en la clínica. 

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