Juez ordena retornar a Estados Unidos a hombre de Maryland deportado injustamente a El Salvador

4 de abril (Reuters) - Un juez estadounidense dictaminó el viernes que el gobierno de Trump debe devolver a Estados Unidos a un hombre de Maryland que fue deportado injustamente a El Salvador en un plazo de tres días, el último revés legal para las duras políticas de deportación del gobierno.

Estados Unidos ya reconoció que Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que vivía en Estados Unidos legalmente con un permiso de trabajo, fue deportado por error como parte de tres aviones llenos de migrantes que volaron el mes pasado por presuntos vínculos con pandillas violentas.

Pero la administración ha argumentado que no tiene autoridad legal para traerlo de regreso al país, aunque los abogados de Abrego García lo disputan.

"Lo pusieron allí, pueden traerlo de vuelta", dijo en un comunicado Andrew Rossman, abogado del destacado bufete Quinn Emanuel, que se unió al equipo legal de Abrego García el viernes.

Después de interrogar a los abogados del gobierno, la jueza federal de distrito Paula Xinis dictaminó en una audiencia judicial en Greenbelt, Maryland, que el gobierno debe tomar medidas para traerlo de regreso a Estados Unidos antes del 7 de abril.

El Departamento de Justicia apelará la orden ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE. UU. con sede en Richmond, según una presentación judicial después de la audiencia.

En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Xinis debería comunicarse con el presidente Nayib Bukele de El Salvador "porque desconocemos si el juez tiene jurisdicción o autoridad sobre el país de El Salvador".

En la audiencia, el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, le dijo al juez que no había base legal para la deportación.

“Admiten que no tenían autorización legal para expulsarlo a El Salvador”, dijo Moshenberg. “El interés público reside en que el gobierno cumpla la ley”.

En un intercambio inusual, Xinis interrogó a Reuveni sobre por qué Estados Unidos no podía recuperar a Abrego García, a lo que Reuveni dijo que había hecho esa pregunta a funcionarios del gobierno estadounidense sin obtener una respuesta satisfactoria.

"La ausencia de pruebas habla por sí sola", dijo Reuveni.

El caso es el último punto álgido de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración, que ha planteado cuestiones constitucionales y provocado la reprimenda de un juez en Washington que está sopesando si los funcionarios estadounidenses violaron una orden judicial que bloquea temporalmente la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanas bajo una ley del siglo XVIII.

El 15 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. El gobierno afirmó haber enviado dos vuelos a El Salvador ese día con deportados procesados ​​bajo este estatuto de tiempos de guerra, poco utilizado, y un tercer vuelo con personas deportadas bajo otras normas.

Abrego García fue colocado injustamente en el tercer vuelo a pesar de una orden judicial de octubre de 2019 que le otorgaba protección contra la deportación, dijo un funcionario de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en una presentación judicial.

Abrego García fue detenido por agentes de ICE el 12 de marzo e interrogado sobre su presunta afiliación a una pandilla. El gobierno afirmó en su anterior disputa migratoria de 2019 que Abrego García era miembro de la pandilla MS-13, lo cual él ha negado.

Sus abogados, quienes también representan a su esposa y a su hijo de cinco años en Estados Unidos, afirmaron en un documento judicial que Estados Unidos no había tomado ninguna medida voluntaria “para rectificar lo que ellos mismos describen como un error”. La esposa de Abrego García, quien asistió a la audiencia del viernes, y su hijo son ciudadanos estadounidenses.

La administración Trump también ha enviado tropas militares a la frontera de Estados Unidos y ha reasignado agentes federales para centrarse en la aplicación de la ley migratoria en medio de un aumento de los arrestos y los esfuerzos de deportación.